Canales de denuncia

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, conocida como ley de canales de denuncia.

• Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.
• Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente (…) con independencia del número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, esta ley será de aplicación en lo no regulado por su normativa específica.
• Las Administraciones públicas.

Fundamentalmente las siguientes:

• Contar con un canal de denuncias que cumpla unos requisitos, por ej. que permita las denuncias anónimas y sea estrictamente confidencial.
• Designar a un responsable del canal y notificarlo a la AAI.
• Crear una política que describa el procedimiento de tramitación interna de denuncias y la protección hacia el informante
• Informar y formar al personal en el uso del canal,
• Dar seguimiento y tramitar a las denuncias de acuerdo con la ley y respetando los plazos marcados
• Establecer medidas para proteger a las personas que informen sobre delitos o infracciones.

La empresa puede (y de hecho es aconsejable dada la especialización de esta norma) contratar asesoramiento externo o incluso una herramienta de un tercero para tu canal, sin embargo, aunque reciba asesoramiento externo, todo debe controlarse internamente.

La ley dice que toda acción u omisión tales que pueda constituir:

• Infracciones del Derecho de la UE, como por ej.
  1. Contratación pública.
  2. Servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Salud pública.

1. 1. Protección de los consumidores.
   2. Protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información.

• Infracciones penales
• infracciones administrativas, graves o muy graves.

Otras conductas que puedan constituir infracciones o delitos en los siguientes ámbitos:

• Acoso laboral (sexual, por razón de sexo, ciber acoso, etc..)
• Discriminación
• Corrupción, blanqueo de capitales,
• Proteccion de datos
• Otros delitos como robos, revelación de sceretos, etc.

Con carácter general, el canal de denuncias no puede usarse para:

• Reclamaciones no relacionadas con leyes y normas y la normativa interna de la empresa.
• Quejas que nada tengan que ver con irregularidades o infracciones normativas.
• Reclamaciones de clientes sobre productos.

Cualquier persona que en un contexto laboral o profesional haya obtenido información sobre presuntas infracciones, ya sea en el sector público o en el privado. 

Sí. La ley permite y fomenta el uso de canales que acepten denuncias anónimas para proteger al informante.

Las denuncias maliciosas pueden ser onadas en el seno de la organización, aunque hay que destacar que la ley también protege al denunciante si éste actúa de buena fe, incluso si los hechos denunciados no se confirman.

La Ley prohíbe expresamente los actos de represalia, incluidas las amenazas y las tentativas de represalia. Se entiende por represalia cualquier acto u omisión prohibido por la Ley, o que de suponga un trato desfavorable a los informantes.

• Apertura de expedientes disciplinarios y
• Degradación o denegación de ascensos y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
• Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
• Denegación o anulación de licencias, permisos o formación.
• Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

Sí, la Ley de canales de denuncias así lo establece. Para más info sobre el Delegado de protección de datos visita la sección de nuestra web sobre protección de datos.

Pueden llegar a hasta 1 millón de euros.

Solamente a las entidades, las personas, si fuera el caso, se sancionan por otras normativas.